Arantza Aguiriano

Se podría decir que no se conoce realmente cómo es una comunidad o una sociedad hasta ver cómo atiende a sus ciudadanos más vulnerables en una situación de crisis sanitaria y de escasez de recursos sanitarios como la que vivimos ahora.

Tal y como se refleja en el Código Ético de Plena Inclusión (Confederación Española de entidades del ámbito de la Discapacidad Intelectual y del Desarrollo), “la esencia de lo humano se asienta en la consideración de cada persona como portadora de valor en sí misma” y “nunca deja de serlo ni parcialmente por el hecho de disponer de mayor o menor competencia”. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad hace explícito el derecho “a disfrutar del más alto nivel de salud de todo ser humano sin ningún tipo de discriminación y sin excepción”. Por tanto, “es contraria a derecho la realización de cualquier distinción, exclusión o restricción que obstaculice o impida el goce del derecho a la salud en igualdad de condiciones y que tenga su razón de ser en una discapacidad y  cuando esta diferencia de trato no se puede justificar con criterios razonables y objetivos”.

Por todo ello, tal y como propone Plena Inclusión (en su documento reciente sobre “el derecho a la salud de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la crisis sanitaria del COVID 19”), se debe exigir a las autoridades sanitarias que, a la hora de gestionar la crisis sanitaria, se tenga en cuenta que la presencia de una discapacidad intelectual no limita la supervivencia de las personas tras contraer el virus COVID 19 y que, en ningún caso, puede servir para justificar una limitación del esfuerzo terapéutico. Es preciso que el sistema sanitario, aunque considerablemente tensionado en la situación actual, reparta los recursos existentes para garantizar a todas las personas la prestación de una atención sanitaria acorde a su dignidad humana y al principio de justicia distributiva. Ningún criterio o recomendación para la priorización en la atención de los pacientes puede considerarse válido si se realiza sobre la base de una discriminación, ya sea en relación con la derivación a un centro sanitario sea en la derivación a las unidades de cuidados intensivos.

Dicho esto, a pesar de que en estos momentos no se disponen de datos científicos concluyentes, la Discapacidad Intelectual o la Discapacidad del Desarrollo “per se” no parecen representar factores de riesgo para el COVID 19. Sin embargo, es necesario recordar (ver otro documento reciente de Plena Inclusión sobre “Guía de Residencias durante el COVID 19”) que, en este colectivo, se da una prevalencia de enfermedades  físicas de, aproximadamente, 2,5 veces superior a la de la población general y que, entre ellas, algunas sí pueden representar factores de riesgo para el desarrollo de formas severas de COVID 19. Las personas con DI tienen tasas más altas de morbilidad y mortalidad que la población general. Tienen, por ejemplo, una mayor prevalencia de diabetes, asma, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardiovasculares, obesidad o bajo peso, factores todos ellos que las hacen más vulnerables frente al coronavirus. A ello se suman los factores específicos de colectivos como las personas con grandes necesidades de apoyo, las personas con síndrome de Down o las personas con parálisis cerebral grave. Añadido a esto hay que considerar la posibilidad de que las residencias, pisos o domicilios donde viven estas personas, puedan verse en dificultades debido a una combinación de factores, tales como la posible enfermedad del personal o de los familiares, la escasez de material de protección sanitaria o el propio hecho de residir en un lugar de convivencia por la multiplicidad de contactos en zonas comunes.

Asimismo, la situación excepcional de confinamiento puede suponer un desafío importante para el bienestar emocional de muchas personas pero, más si cabe, para personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo con limitaciones comunicativas, de comprensión de la situación y, especialmente, para personas con trastornos  mentales o de conducta asociados y con dificultades añadidas para regular sus emociones y conductas. Algunas de estas personas pueden presentar en estos días conductas problemáticas que pueden suponer un reto complicado de gestionar para las personas que les apoyan día a día (sean familiares o profesionales de apoyo).

Finalmente, se puede constatar que, actualmente, estamos viviendo en un contexto de restricciones que limitan nuestra libertad y posibilidad de movimiento y los equipos de profesionales y las familias se están viendo obligadas (como medidas preventivas contra el coronavirus) a realizar separaciones de espacios, limitaciones de contacto, situaciones de aislamiento y limitaciones del movimiento de las personas.

Ullazpi

El objetivo fundamental es proteger la seguridad y salud de las Personas con Discapacidad Intelectual, de los profesionales que les apoyan y también de sus familiares en sus casas pero también es relevante que todas estas medidas se lleven a la práctica promoviendo buenos apoyos para las personas y sus familias,  posibilitando vivir esta situación (ver otro documento reciente de Plena Inclusión sobre “Confinamiento y aislamiento: estrategias para afrontar situaciones de confinamiento y aislamiento por el COVID 19 con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que presentan problemas de conducta y/o salud mental”) con:

  • Control, apoyando a las personas para que entiendan, en la medida de lo posible, lo que está pasando y puedan participar en las decisiones que les afectan,
  • Conexiones, facilitando los contactos habituales con sus seres queridos y personas de referencia, evitando situaciones de soledad,
  • Contribución, ayudando a las personas a sentir que son parte de esta situación y que con su comportamiento pueden ayudar a otras personas y, por fin, con
  • Confianza, promoviéndola en la propia persona en sí misma, en los demás y en que “todo saldrá bien”.

Arantza Aguiriano Beitia

Miembro del Patronato de Aubixa Fundazioa