Vivimos tiempos extraños. Situaciones que nunca llegamos a imaginar que pudieran ocurrir. Pero ocurren. Ocurren y nos sitúan ante una realidad desconocida, una realidad para la que no estábamos preparados y que nos mueve a colaborar en la búsqueda de soluciones. Y todo ello ante un escenario incierto, pero no por ello exento de la responsabilidad de dar una respuesta adecuada. El presente escrito es producto de una reflexión que, desde la perspectiva de los derechos, hemos realizado un grupo de personas vinculadas a Entidades que tienen por objeto dar apoyo a personas dependientes y con riesgo de mayor vulnerabilidad y fragilidad.

La pandemia del COVID 19 afecta a personas de toda condición, pero no a todas por igual. A medida que se van conociendo mejor las características del virus y de su propagación, se constata la existencia de situaciones que favorecen la diseminación de la enfermedad y que ha puesto de manifiesto y/o agravado situaciones preexistentes como la dependencia de otras personas para realizar las actividades de la vida diaria, el hacinamiento y la fragilidad económica. Un colectivo especialmente vulnerable lo constituyen las personas mayores dependientes, las personas ingresadas en Residencias o socialmente desfavorecidas.

La respuesta institucional y social a la pandemia tiene serias dificultades para atender de forma adecuada las necesidades de estos sectores. El presente texto no tiene la intención de minusvalorar el esfuerzo de los representantes políticos e institucionales. Tampoco se plantea la crítica indiscriminada. No obstante, cabe pensar que las  actitudes que generen división en la sociedad resultan perjudiciales para afrontar de forma adecuada y eficaz los graves problemas que han surgido. En este sentido, solicitamos la unidad de acción de todas las sensibilidades políticas y sociales en pos de una mejora de la atención a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad son ingentes. Los esfuerzos que se deben desarrollar son enormes. Las personas que integran este grupo de reflexión pretenden contribuir con algunas propuestas a la mejora de las actuaciones sociosanitarias frente al virus COVID-19.

  • Discriminación basada en criterios de edad cronológica.

La edad no predetermina la situación de la personas, con excepción de quienes tengan la capacidad modificada judicialmente, por lo que las personas mayores gozan de la condición de ciudadanía plena y, por tanto, sus derechos políticos y sociales han de ser respetados, al igual que los de cualquier otro grupo de población.

La escasez de recursos sociosanitarios que pudiera existir, no debe ser un argumento que apoye la discriminación de sectores desfavorecidos por la enfermedad o la pobreza. En este sentido, se debe considerar el riesgo que supone el “distanciamiento social” de los mayores, o que el fin de sus vidas acontezca en soledad o en malas condiciones sociosanitarias.

Las decisiones que afecten a las personas desvalidas no deben ser tomadas exclusivamente por los profesionales sanitarios o por las instituciones. Se precisa de un consenso social más amplio que tenga en cuenta la opinión, las necesidades y los valores de estas personas especialmente vulnerables.

Propuestas de actuación:

  • Informar a la sociedad en general, y a las personas enfermas y sus familias en particular, de la capacidad actual de los recursos asistenciales.
  • Evitar la soledad y el aislamiento –tanto en el domicilio como en los Centros Asistenciales- mediante medidas innovadoras, imaginativas y eficaces, teniendo en cuenta a las familias y al personal que atiende a las personas mayores dependientes en centros residenciales.
  • Impulsar la deliberación de los representantes de la sociedad civil con las instituciones y con los profesionales sanitarios, sobre el uso racional de los recursos, teniendo en cuenta los valores plurales de nuestra sociedad y el pronóstico vital y funcional de las personas afectadas.
  • Posibilitar en todos los casos unos cuidados paliativos dignos, con los recursos que se estimen adecuados para alcanzar este fin.

 

  • Protocolos que se aplican de forma generalizada e indiscriminada.

 

Los protocolos pretenden establecer una serie criterios y actuaciones que garanticen una actuación sanitaria y social que disminuya los errores y que permitan extender los beneficios obtenidos por la experiencia y el saber científico. No obstante, si su aplicación se realiza sin un conocimiento adecuado de la situación de los centros residenciales y de las personas usuarias de dichos centros  así como de las atendidas en sus domicilios,  los protocolos pueden convertirse en una fuente de problemas y de actuaciones negativas con las personas mayores dependientes.

Propuesta de actuación:

  • Detectar y acompañar a las personas mayores que viven solas en sus domicilios y que necesitan apoyo y/o ayudas.
  • Individualizar la atención a las personas atendiendo a los valores manifestados por las mismas o por sus familiares. En el caso de que hayan suscrito un Documento de Voluntades Anticipadas, contactar con la persona o personas designadas como representantes.

 

 

  • Escasez de personal en la atención directa a mayores dependientes y con demencias.

Las personas mayores dependientes, y/o con problemas de salud mental y demencias, requieren de un conjunto coordinado de intervenciones sanitarias y de apoyo social que garantice su permanencia en la comunidad y el respeto a su condición de ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Propuesta de actuación:

  • Desarrollar y gestionar recursos adecuados y suficientes de apoyo social con una visión multidisciplinar.
  • Colaborar en la puesta en marcha y formación de grupos de voluntariado.
  • Ofertar cursos de formación, informar y orientar a las personas desempleadas y cuidadoras de personas dependientes sin la cualificación necesaria para que obtengan el Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en las Instituciones y/o domicilio. Ello contribuiría al mantenimiento y aumento de la empleabilidad así como a la mejora de la calidad de los cuidados.

 

  • Empeoramiento de la brecha generacional

Está calando en nuestra sociedad la idea de que la vida de las personas mayores tiene menos valor que la de las personas jóvenes. Se aprecia una visión de las personas mayores como una carga, una fuente de gasto. Esa misma circunstancia se da con las personas que padecen alguna discapacidad o algún tipo de trastorno mental.

Propuesta de actuación:

  • Evitar que siga aumentando la “brecha generacional” con acciones y actividades, formativas e informativas, encaminadas a aumentar la relación, la solidaridad y el conocimiento mutuo de los problemas de las diferentes generaciones.
  • Desarrollar iniciativas y programas para el fomento de redes ciudadanas de apoyo, de acompañamiento.
  • Informar y sensibilizar a las personas más jóvenes sobre el potencial y el trabajo del colectivo de mayores activos.

 

  • El papel de la información y comunicación.

La información y la comunicación, por parte de las autoridades políticas y sanitarias,  pueden y deben servir para mejorar el conocimiento de la realidad a la que nos enfrentamos. Posiblemente, la información suministrada hasta ahora por los organismos competentes no ha logrado algunos de los objetivos perseguidos y, en consecuencia, no se ha conseguido una concienciación y participación de algunos sectores de la ciudadanía en las recomendaciones de las autoridades políticas y sanitarias.

Propuesta de actuación:

  • Evaluar su repercusión en la sociedad y, en su caso, revisar la política de comunicación, preservando la transparencia y el derecho a la información veraz.
  • Hacer un mayor énfasis en medidas informativas y formativas que brinden la posibilidad de participar a sectores habitualmente alejados de la colaboración y cooperación ciudadana.

 

  • El acceso a las mascarillas y su uso adecuado.

Todos los documentos de consenso científicos abogan por el uso correcto y masivo de la mascarilla. La utilización universal de la mascarilla redunda en un beneficio para la salud y para la economía del país. Se echan de menos medidas informativas y formativas continuadas y persuasivas. La fragilidad económica -real o percibida- no debe ser un factor que impida el aprovisionamiento de mascarillas por parte de la población en general y, sobre todo, vulnerable.

Propuesta de actuación:

  • Política formativa e informativa continuada en el tiempo sobre el uso de la mascarilla que favorezca una utilización generalizada y adecuada.
  • Entrega continuada y gratuita de mascarillas quirúrgicas a la población a través de los servicios municipales, farmacias, instituciones. Se debe proteger de manera especial a los sectores más vulnerables por su situación socioeconómica o de riesgo -mayores, enfermos crónicos, etc.-

 

  • Actuaciones y comportamientos que confunden y dividen a la sociedad.

Resulta preocupante observar actitudes y comportamientos que pueden contribuir a confundir y dividir a la sociedad. Con dichas pautas de actuación se  estará cada vez más lejos de resolver algunos problemas, pudiendo, incluso, incrementarse algunas desigualdades preexistentes.

Por ello, tiene especial importancia, que los sectores implicados cuyas decisiones son relevantes para el control de la pandemia afronten unidos el grave reto al que nos enfrentamos.

Propuesta de actuación:

  • Búsqueda de un consenso de mínimos entre las autoridades y los representantes políticos y sociales sobre las actuaciones necesarias en el ámbito socio-sanitario.
  • Seguimiento y evaluación generalizada por parte de todas las autoridades y agentes concernidos en la aplicación de las medidas que se vayan adoptando teniendo en cuenta los avances científicos que se vayan sucediendo.
  • En su caso, y dado que la situación que vivimos es cambiante e imprevisible, explicar y aclarar las causas respecto de las decisiones que puedan resultar contradictorias.

 

Grupo de Observación de Derechos de personas dependientes y con riesgo de mayor vulnerabilidad y fragilidad: José Agustín Arrieta (AGIJUPENS), Koldo Aulestia (Afagi), Martin Auzmendi (Aubixa Fundazioa), Eduardo Clavé (Experto en Bioética), José Luis de la Cuesta y José Luis Marañón (Hurkoa) y Pura Díaz Veiga (Instituto Matia).